Argentina también busca multar o poner en prisión a los padres que no vacunen a sus hijos

El proyecto contra los “padres antivacunas” evalúa multas de hasta $270 dólares y varios días de cárcel. La próxima semana podría sancionarse la ley.

En la provincia de Mendoza, Argentina, se está elaborando un proyecto de ley que multará a los padres con hasta $7.600 pesos argentinos (alrededor de $270 dólares estadounidenses) si no cumplen con el calendario de vacunación obligatorio con sus hijos.

La medida enviada por el poder Ejecutivo local a la legislatura busca reemplazar al viejo Código Contravencional para evitar rebrotes de enfermedades que ya casi fueron eliminadas gracias a la inmunización.

De acuerdo a lo contemplado en el nuevo Código de Faltas de la provincia de Mendoza, en su apartado de salud e higiene, las multas para los “padres antivacunas”serán desde los $1.900 a los $7.600 pesos argentinos.

Por otro lado, el nuevo proyecto también contempla arrestos de hasta cinco días, o bien su equivalente en horas de tareas comunitarias en hospitales públicos o centros asistenciales para niños.

El presidente del bloque de senadores de la UCR, Diego Costarelli, comentó al medio local Uno lo siguiente:”Estamos estudiando el proyecto con todos los aportes de la oposición. Buscamos un involucramiento muchísimo mayor de los padres en el cuidado, la tenencia y la crianza de sus hijos. Como también una responsabilidad mayor porque eso hace a una convivencia más armónica para todos los ciudadanos, y eso ocurre también con el tema de las vacunas”.

La iniciativa está avanzando exitosamente y el miércoles próximo podría ser aprobada en comisión. Si se sanciona la ley, la provincia de Mendoza seguiría los ejemplos que ya han dado otros países como Alemania, Australia  e Italia, donde ya se multa a los padres que no vacunan a sus hijos.

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Un caso parecido sucedió en California, Estados Unidos, en 2015 por un brote de sarampión. Las autoridades pusieron en marcha la ley SB 277 por la que se le prohibe a los padres interponer “excepciones por razones personales”. Las justificaciones no médicas u objeciones de conciencia fueron rechazadas con la derogación de esa ley que exige a los padres vacunar a sus hijos para ingresar a los programas escolares.

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