Argentina también busca multar o poner en prisión a los padres que no vacunen a sus hijos

El proyecto contra los “padres antivacunas” evalúa multas de hasta $270 dólares y varios días de cárcel. La próxima semana podría sancionarse la ley.

En la provincia de Mendoza, Argentina, se está elaborando un proyecto de ley que multará a los padres con hasta $7.600 pesos argentinos (alrededor de $270 dólares estadounidenses) si no cumplen con el calendario de vacunación obligatorio con sus hijos.

La medida enviada por el poder Ejecutivo local a la legislatura busca reemplazar al viejo Código Contravencional para evitar rebrotes de enfermedades que ya casi fueron eliminadas gracias a la inmunización.

De acuerdo a lo contemplado en el nuevo Código de Faltas de la provincia de Mendoza, en su apartado de salud e higiene, las multas para los “padres antivacunas”serán desde los $1.900 a los $7.600 pesos argentinos.

Por otro lado, el nuevo proyecto también contempla arrestos de hasta cinco días, o bien su equivalente en horas de tareas comunitarias en hospitales públicos o centros asistenciales para niños.

El presidente del bloque de senadores de la UCR, Diego Costarelli, comentó al medio local Uno lo siguiente:”Estamos estudiando el proyecto con todos los aportes de la oposición. Buscamos un involucramiento muchísimo mayor de los padres en el cuidado, la tenencia y la crianza de sus hijos. Como también una responsabilidad mayor porque eso hace a una convivencia más armónica para todos los ciudadanos, y eso ocurre también con el tema de las vacunas”.

La iniciativa está avanzando exitosamente y el miércoles próximo podría ser aprobada en comisión. Si se sanciona la ley, la provincia de Mendoza seguiría los ejemplos que ya han dado otros países como Alemania, Australia  e Italia, donde ya se multa a los padres que no vacunan a sus hijos.

Un caso parecido sucedió en California, Estados Unidos, en 2015 por un brote de sarampión. Las autoridades pusieron en marcha la ley SB 277 por la que se le prohibe a los padres interponer “excepciones por razones personales”. Las justificaciones no médicas u objeciones de conciencia fueron rechazadas con la derogación de esa ley que exige a los padres vacunar a sus hijos para ingresar a los programas escolares.

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